La comparecencia del humorista Dani Mateo ante un juez por sonarse la nariz con la bandera española reabre el debate sobre las actuaciones que protege la libertad de expresión. “Pueden ser de mal gusto pero son ejercicios de libre expresión ”, sostiene el periodista Xavier Caño Tamayo, que llama la atención sobre el hecho de que las injurias a la religión, blasfemias y ofensas a los sentimientos religiosos están castigadas en los códigos penales de 71 Estados de los 194 que hay en el mundo. 

Por Xavier Caño Tamayo.

El humorista y presentador Dani Mateo fue citado por el juez de Instrucción número 47 de Madrid por sonarse la nariz con la bandera española en una secuencia cómica del programa de humor El Intermedio. Mateo, que se ha acogido a su derecho a no declarar en los tribunales, ha manifestado que le preocupa mucho que sea posible llevar a «un payaso» ante la Justicia por hacer su trabajo. También dio que hablar hace unas cuantas semanas la detención y procesamiento del actor Willy Toledo por una supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Toledo fue procesado por un juez que atendió la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos por frases insultantes presuntamente escritas por Toledo contra Dios y su madre en Facebook.

¿Cómo han sido posibles esas situaciones en un Estado cuya Constitución establece la libertad de expresión y de pensamiento como derechos fundamentales? Al respecto, el magistrado Joaquín Bosch ha esclarecido que “los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos son propios de estados islámicos que no son democráticos”.

Las injurias a la religión, blasfemias y ofensas a los sentimientos religiosos están castigadas en los códigos penales de 71 Estados de los 194 que hay en el mundo. Una barbaridad. Un tercio de países castiga los llamados delitos religiosos con penas diversas y España es uno de ellos.

Imagen de un tuit del presentador Dani Mateo

A pesar de estar en el Código Penal, algunos juzgados españoles se resisten a condenar por esos delitos, como recuerda el profesor Óscar Pérez de la Fuente, aunque en los últimos años ha habido demasiados juicios por ofensas a sentimientos religiosos. Para evitar esa sinrazón, una proposición de ley del grupo parlamentario de Unidos Podemos quiere eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona, las ofensas religiosas, el ultraje al Gobierno, a las instituciones del Estado o a sus símbolos (himno o bandera). Ha sumado a sus votos los de PSOE, ERC, PDeCAT y PNV.

Raperos, titiriteros, actores, cómicos y usuarios de Twitter han sido condenados a multas o, peor aún, a cárcel, por considerarse delitos sus actuaciones. Éstas quizás puedan ser de mal gusto, acaso imprudentes, incluso irrespetuosas, pero son ejercicios de libre expresión que nada han de tener que ver con juicios, castigos y multas. Así es, sin duda, porque en los últimos años varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo ha tumbado sentencias condenatorias de tribunales españoles por esos delitos, como la que, por ejemplo, condenaba a dos jóvenes que quemaron en la calle fotografías de los reyes de España porque para el TEDH esa actuación no era en absoluto una injuria a los reyes sino un ejercicio de libertad de expresión.

El amontonamiento de condenas por ejercer la libertad de expresión ha sido la razón de que más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos ciudadanos (Amnistía Internacional, SOS Racismo, Red Acoge, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ATTAC, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace…) propusieran formalmente derogar la llamada popularmente ‘ley mordaza’, derogar también la reforma del Código Penal que perpetró el PP así como también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, normas ilegítimas y regresivas que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la constitucional presunción de inocencia. Estas leyes vulneran derechos fundamentales y criminalizan a la ciudadanía activa y opositora. Algo que es propio de Estados que no son democráticos.

Defender la libertad de expresión es el motor de la iniciativa de Unidos Podemos que también propone modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo para que solo se condenen las claras,  inequívocas y verosímiles invitaciones a la violencia directa que han de ser verosímiles. Alberto Garzón, de Unidos Podemos, defiende que “ha de prevalecer la libertad de expresión porque democracia es poder criticar a las instituciones más altas, a las de más poder”. Y ha denunciado “el clima que se vive hoy” con el inaceptable aumento de sanciones por ese tipo de delitos. Este clima lleva incluso a que algunos jueces empiecen a considerar un delito silenciar el himno de España en presencia del rey, contra todo rigor jurídico.

La toma en consideración de la proposición de ley para eliminar esos delitos fue aprobada en el pleno del Congreso con 180 votos a favor y 166 en contra.