La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) investigan el caso de campesinos encadenados como castigo por no acudir a apoyar en el bloqueo vehicular instalado en la carretera costera de Michoacán para exigir el cobro de sueldos. Este tipo de prácticas ya se habían producido semanas atrás.

AQUILA (Michoacán), México.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) iniciaron  investigaciones por el caso de los indígenas nahuas encadenados por policías comunitarios en Santamaría de Ostula por no participar en bloqueos de carreteras en protesta contra el alcalde, que no quiso dar el recurso total del municipio para la policía.

La FGE inicio de oficio Carpeta de Investigación, y ha dispuesto medidas cautelares de protección ante posibles hechos constitutivos de delito, cometidos en agravio de un grupo de personas de esa comunidad municipio de Aquila.

Por su parte  la CEDH, expresa su indignación y preocupación ante prácticas de castigo como el encadenamiento de personas, que vulneran flagrantemente la dignidad humana. Este organismo hace un llamado urgente para que las autoridades competentes realicen las actuaciones que sean necesarias para que cesen este tipo de coacciones y atropellos.

El ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, solicita a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General y al Ayuntamiento de Aquila aplicar medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos de las personas que están siendo objeto de estos castigos, el restablecimiento de la seguridad pública y la salvaguarda de las garantías individuales de quienes habitan en ese municipio ante las actuaciones de las autoridades comunales.

Ante los nuevos eventos de encadenamiento de personas en Ostula en el municipio de Aquila, esta CEDH inició una queja de oficio, a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas por violación al derecho a la integridad y seguridad personal en contra de las autoridades que resulten responsables.

Los hechos: indígenas encadenados

Policías Comunitarios de Santa María Ostula encadenaron a comuneros como castigo por no acudir a apoyar en el bloqueo vehicular instalado en la carretera costera de  Michoacán, revelo Francisco Flores, comunero expulsado del pueblo nahua.

Extraoficialmente se maneja que son más de 12 de comuneros de las localidades La Cobanera, La Ticla, El Duin y El Zapote entre otras, que fueron detenidos y encadenados en el pueblo nuevo de Xayakalan. Además de ser castigados de esta manera, están siendo multados cada uno de ellos con 500 pesos por no ir al bloqueo.

Gente cercana a los castigados por la guardia comunal de Ostula afirma que la actual movilización impulsada por la guardia comunal que encabeza Germán Ramírez para cobrar supuestos salarios que se les deben como policías municipales no fue aprobada por la asamblea comunal. Por eso piden la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y medidas de protección para los detenidos.

En el mes de enero de este año, padres de familia de la localidad La Cofradía de Ostula fueron encadenados como castigo por oponerse al cierre de una escuela construida por ellos mismos, y multados con 5.000 pesos (200 euros), abriéndose una carpeta de investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que entrevistó a las autoridades comunales y municipales locales pero no a los afectados. Algunas de estas personas afectadas han sido expulsadas del territorio de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula.

Casos anteriores

En el mes de enero, la CEDH inició una investigación de oficio ante posibles violaciones de derechos humanos de pobladores de la localidad de la Cofradía de Ostula en Aquila, que se oponían al cierre de una escuela primaria. Se solicitaron informes sobre el caso a las autoridades educativas, de seguridad pública y del municipio de Aquila.

El titular de esta CEDH instruyó al personal de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas se mantenga pendiente de los acontecimientos y realice las actuaciones necesarias para brindar atención y acompañamiento a estas personas.

Esta Comisión reconoce el derecho que asiste a los pueblos indígenas, de acuerdo al artículo 2° Constitucional, apartado A,  a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;  y para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; pero siempre y cuando se sujeten a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales y los derechos humanos.

Ya liberados

Por su parte la FGE, señala que después de que varios medios denunciaron que varios habitantes de la localidad de Xayakalan, de la comunidad indígena de Santa María Ostula, habían sido retenidos y encadenados durante 24 horas, ordenó actos urgentes de investigación. En apego a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicó medidas de protección para salvaguardar la seguridad de las víctimas, ya liberadas.

Asimismo, continúa con la práctica de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado, ratifica su compromiso de garantizar la aplicación de la ley, para que no quede impune ningún hecho que atente contra las y los michoacanos.